jueves, 20 de noviembre de 2014

ÁLVARO VARGAS LLOSA México, la rutina del horror


Cualquiera que hubiese prestado atención a la prensa internacional en los últimos seis días -pero no en el último mes- se habría llevado la impresión de que México es un país moderno, que se codea con otros modernos
 
Esa impresión se la habrían dado la participación de su Presidente, Enrique Peña Nieto, en la reunión de la APEC; la sintonía entre él y Barack Obama en torno a la Asociación Transpacífico y su rol prominente en la discusión sobre la liberalización comercial.

No habría sido equivocada. Pero habría sido hemipléjica, porque a ese cerebro le habría faltado su otra mitad. Una mitad que, hasta la víspera del viaje del Mandatario al Asia, era la única de la que se tenía noticia en el mundo, porque los titulares se cebaban en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero (las Escuelas Normales forman maestros de educación primaria). Y también aquella imagen era hemipléjica porque la otra, la del país ávido de mundo moderno, no es menos cierta ni real. He ahí el drama de México y algunos otros países latinoamericanos: quieren, pero no pueden dejar atrás lo que esta semana Enrique Krauze llamó “bárbaro” en su análisis de lo sucedido en Guerrero.

Varias decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se desplazaron a finales de septiembre a la localidad de Iguala, el tercer municipio en importancia del estado de Guerrero, para actividades relacionadas con su activismo político de izquierda. La noche del 26, la policía municipal les cayó encima empleando armas de fuego. Varios de los jóvenes, que tenían entre 18 y 21 años, murieron o resultaron heridos, y 43 de ellos desaparecieron. No se supo su destino de manera oficial hasta que el Procurador General, Jesús Murillo, compareció ante la opinión pública en noviembre para dar, con detalles escalofriantes, la versión que se temía: los secuestrados habían sido asesinados.

Pero entre ambas cosas un sinfín de rumores y versiones oficiosas ya habían encendido a la opinión pública y acorralado al gobierno, cuya lentitud algunos veían con sospecha o alarma. Especialmente llamativa fue la versión del padre Alejandro Solalinde, un sacerdote que ha sido premiado por su labor en favor de los derechos humanos y se ha enfrentado al narcotráfico: aseguraba haber sido contactado por testigos que tenían miedo de hablar en público, en algunos casos miembros del propio cuerpo de seguridad del municipio en cuestión, que aseguraban que los estudiantes habían sido secuestrados por la policía y luego asesinados.

Esto no fue el fin sino en cierta forma el inicio de la macabra historia. A partir de aquel momento el hilo fue corriendo hasta desmadejar por completo el secreto: los estudiantes habían sido víctimas de una matanza organizada, ejecutada, encubierta o tolerada, según el caso, por una trama de personas e instituciones donde se pierde la frontera entre la política, el crimen organizado y el mundo de los negocios. De esta forma, Iguala abría ante la conciencia mexicana y mundial una ventana a los bajos fondos del mundo del poder en ese país y la magnitud del abismo que separa, en ciertos lugares de México, al Estado de Derecho formal y la vida diaria. Es una tragedia que reclama del novelista Héctor Aguilar Camín, el autor de “Morir en el Golfo” y “La guerra de Galio”, alguien que eternice sus verdades profundas.

José Luis Abarca, el entonces Presidente Municipal (alcalde) de Iguala, hoy preso junto con su mujer, María de los Ángeles Pineda, están en el corazón de la trama. Fue el alcalde quien ordenó a la policía detener a los estudiantes por temor de que sabotearan un acto de su esposa, presidenta de la Oficina de Desarrollo Social (entidad municipal) cuyo informe ella debía presentar que, en realidad, era el pretexto para un evento político tendiente a preparar su candidatura para suceder a su marido.

Abarca es un ex comerciante de oro (“oreros”, los llaman) y otras mercancías que tuvo éxito y dio el salto a la política con respaldo de la izquierda, en sus distintas versiones: la corriente Nueva Izquierda del PRD, el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano, aliados, estos últimos, de Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial que lidera el partido Morena y simboliza el populismo radical en ese país. Tanto Abarca como la coalición que lo sostenía apoyaban a su vez al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que tuvo que pedir licencia por el caso Iguala, ya que se sospecha que ocultó o toleró los nexos del alcalde con el crimen organizado.

Porque de eso hablamos: del nexo umbilical entre Abarca y un grupo de narcotraficantes llamados Guerreros Unidos, los probables ejecutores de la matanza.

El informante dice también que se han enfrentado a Los Rojos, un grupo rival, por lo que no queda claro si creían o les habían hecho creer que los estudiantes eran sus enemigos, si se trató de un hecho distinto al de la matanza o si todo era una cobertura.

El alcalde y su mujer se escondieron hasta su reciente detención, 40 días después de los hechos. El jefe de la policía de Iguala sigue prófugo y el jefe de Guerreros Unidos ha sido detenido (y probablemente ya ha sido reemplazado por un nuevo líder del grupo).

Hasta aquí, se trata de una historia de significación más bien local; espeluznante, pero sin trascendencia nacional o internacional. Sin embargo, Guerreros Unidos y su penetración política en el estado de Guerrero nos habla de cómo ha evolucionado el mundo del crimen y el narcotráfico en los últimos años en México, a partir de la guerra contra los carteles iniciada por el anterior Presidente. Una de las consecuencias de esa guerra ha sido la fragmentación y descentralización del crimen organizado, la ramificación de su negocio, y la atomización de sus estructuras en células no siempre vinculadas entre sí y a veces incluso rivales.

Guerreros Unidos nace de la fragmentación del cartel de Arturo Beltrán Leyva, abatido por la Marina en diciembre de 2009, y concretamente del grupo de sicarios creado por el gran capo. Aunque su negocio fue durante un tiempo la droga, pues controlaba la que llegaba a Acapulco desde Colombia principalmente, ha tenido que recurrir, como otros grupos criminales, a fuentes alternativas de dinero, como el secuestro y la extorsión. Su poder en Guerrero es importante pero no tienen una estructura como para abarcar todo el territorio en solitario, por tanto, rivalizan con varios grupos más, en especial Los Rojos.

En sus orígenes, cuando todavía estaba al servicio de Beltrán Leyva, la organización tenía como jefes -y aquí está el dato clave que vincula el caso de Iguala con la gran problemática nacional- a dos hermanos de la esposa del alcalde de Iguala: Alberto y Mario Pineda Villa. En la nueva etapa, tomó el control Mario Casarrubias, quien fue sucedido por su hermano Sinodrio tras su captura en abril pasado. Las autoridades mexicanas presumen que María Ángeles Pineda, la esposa del alcalde, era la tesorera de Guerreros Unidos y que la pareja mantenía nexos umbilicales con ellos. Ambos habían ganado dinero con el oro y otros comercios, pero las varias decenas de propiedades y empresas pertenecientes a la pareja de las que se ha tenido noticia tras los sucesos recientes indican que la vinculación con Guerreros Unidos fue determinante para su fortuna.

En este contexto de colapso del Estado de Derecho en ciertos “estados-problema” de México y de proliferación de alianzas político-criminales, un factor de contrapeso del crimen organizado en ciertos estados es la izquierda radical. Suena contradictorio siendo el alcalde de Iguala una hechura política de las izquierdas radicales mexicanas. Pero lo cierto es que en la protoplasmática y complejísima izquierda mexicana, en la que la radicalización no se acaba nunca, para muchos grupos de activistas jóvenes las izquierdas oficiales, incluyendo los partidos que apoyaron a Abarca, son traidoras. Los jóvenes estudiantes radicales están enfrentados al narcotráfico y repudian el vínculo de los Abarca de la política local mexicana con él. De allí que muchos normalistas sean temidos por autoridades locales o estatales. Por tanto, puede decirse que la radicalización de la izquierda, un desafío a la democracia política y la globalización económica, se beneficia del desplome de los mecanismos de Estado de Derecho y del colapso del principio de autoridad en partes importantes del Sur de México. A su vez, ello se refleja en la capital del país, donde la izquierda populista tiene una base enorme a pesar de un esfuerzo notable de un sector del PRD por modernizarse.

La violencia, el colapso de la autoridad y la privatización del poder del Estado ha llevado en estados como Guerrero a lo que hemos visto en el caso de Iguala: la ausencia de mecanismos institucionales para devolver a los ciudadanos el derecho a la vida y la confianza en la autoridad. El déficit o ausencia de referentes institucionales alcanza también a los partidos principales, que como hemos visto, son en Iguala y otras partes ingredientes del problema. Y, desde luego, al gobierno: muchos ciudadanos de Guerrero que viven en la rutina del horror desconfíen de la versión que está dando desde el D.F. el propio gobierno acerca de lo sucedido. 
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