sábado, 29 de noviembre de 2014

Narcopolítica, la omisión y el debate

Narcopolítica, la omisión y el debate
En una conversación sin grabadoras, Roberto Gil Zuarth, secretario particular del entonces presidente Felipe Calderón, decía que tarde o temprano la decisión de afrontar al crimen organizado como condicionante de la gobernabilidad se convertiría en una definición de Estado.
Corría 2011 y la estrategia de seguridad era ya vista como un fracaso, porque carecía del consenso político y por la espiral de violencia que desató el combate a los cárteles.



PRI y PRD habían logrado capitalizar los yerros del gobierno, sintentizados en la trivialización de los costos humanos por el despliegue de la fuerza militar en ciudades donde el crimen aplicaba la ley de plata o plomo, sustituyendo a la autoridad.
La justificación de que la víctimas del fuego cruzado eran “bajas colaterales” dio paso al “¡No más sangre!”, un reclamo que señalaba al Ejecutivo federal como el responsable de las muertes de la violencia criminal.
Conforme se acumulaban los enfrentamientos entre bandas, efectivos federales y militares, y aumentaban los desaparecidos, levantados y “muertes accidentales”, ganó terreno la narrativa de que aquella era “la guerra de Calderón”.
Si bien sesgados, esos señalamientos se sustentaban en el lenguaje marcial del mandatario, cuando a inicios del sexenio utilizó el término guerra y habló de ganarla. Y usaba casaca y gorra de general.
Tan adverso era el clima para la estrategia de seguridad, que el planteamiento de Gil Zuarth sonaba a quimera y la reacción de las reporteras que participaban en la conversación fue de incredulidad rotunda.
Hubo incluso quien reviró al ahora senador del PAN diciéndole que en el inminente regreso del PRI a Los Pinos, la apuesta fallida del michoacano sería sepultada. En tono pedagógico, el panista comentó que había ejemplos de agendas que generaron resistencias y terminaron siendo asimiladas. Y se refirió a Carlos Salinas y a la apertura comercial.
El actual senador recordó en esa plática que la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) se concretó en medio de los peores augurios de la izquierda y que, sin embargo, actualmente era parte de las premisas del Estado mexicano.
Pero a diferencia del TLC que logró el visto bueno del Congreso, la propuesta de Calderón fue impugnada.  Y el debate político nunca prosperó, aunque él organizó los “Diálogos por la Paz y la Justicia” para ventilar su diagnóstico sobre cómo gobernadores y alcaldes se hacían de la vista gorda frente a las corporaciones policiales entregadas al crimen.
Los priistas, comandados por Beatriz Paredes, alegaron que había intromisión del Ejecutivo a las entidades y una pretensión electorera. Los perredistas, bajo la hegemonía de Jesús Ortega, Carlos Navarrete, Jesús Zambrano y Guadalupe Acosta Naranjo, se escudaron en el alegato de que las Fuerzas Armadas debían regresar a los cuarteles.
Después vino la campaña presidencial. El candidato Enrique Peña ofreció mantener al Ejército y a la Marina en los operativos estatales. Pero eliminó de su oferta de cambio las referencias a la seguridad. Le atinó: la gente estaba cansada del mensaje castrense, aun cuando el problema persistía.
Andrés Manuel López Obrador, segundo lugar en las urnas en 2012, únicamente abordó el asunto para descalificar al gobierno. Nunca hizo planteamientos en la materia porque, desde su perspectiva, lo importante era solventar la injusticia económica y descabezar a la mafia del poder.
En el caso del PAN, la candidata Josefina Vázquez Mota quedó atrapada en el tema. Calderón quería que la campaña fuera una reivindicación de su estrategia de seguridad. La excoordinadora de los diputados blanquiazules compartía el diagnóstico pero su experiencia en el Congreso le alertaba que defender la continuidad era caso perdido.
Derrotados en la elección de 2012, al ubicarse en tercer lugar, los panistas fueron incapaces de afrontar el debate que desde entonces sigue pendiente: señalar qué era lo rescatable y en qué habían fallado.
El tropiezo implicó al propio Gil Zuarth que, como coordinador de campaña de Vázquez Mota, quedó en medio de un exjefe que reclamaba exaltación y de la candidata que quería ser diferente.
Ese postergado debate de cómo afrontar a la narcopolítica hoy forma parte de la agenda del presidente Enrique Peña, que el próximo lunes enviará al Poder Legislativo un paquete de iniciativas para intervenir los servicios municipales cuando estén entregados al narco; aclarar las competencias en seguridad de cada nivel de gobierno y crear un mando estatal único.
De manera que la rectificación, al menos en el papel, de las prioridades presidenciales, obligará a la clase política y a sus cúpulas partidistas a discutir de cara a la gente cómo le van a hacer para cerrarle la llave a la infiltración del crimen organizado en el poder.
Porque ese es el fondo del asunto. No se trata de vapulear a unos descamisados polis municipales, sino de desmontar la estructura narcopolitizada que los sostiene.
Sólo entonces contaremos con una política de Estado para la seguridad. Y, para bien de todos, el senador Gil Zuarth podrá decirnos: se los dije.
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