sábado, 29 de noviembre de 2014

Noticia de un secuestro

Noticia de un secuestro

Por Álvaro Vargas Llosa

Todo lo que ha rodeado el secuestro de un general importante, Rubén Darío Alzate, junto a un cabo y una abogada en la zona selvática de Las Mercedes, en el departamento del Chocó, en Colombia, permite sacar conclusiones sobre el estado de las negociaciones entre el gobierno y las FARC. “Todo”, en este caso, significa: el hecho militar del secuestro; la manera en que se manejaron las comunicaciones entre el equipo negociador de la organización terrorista en La Habana y su máxima jefatura en Colombia; la reacción del Presidente Juan Manuel Santos, que suspendió las negociaciones con un lenguaje y actitud cautas; la rápida gestión que permitió anunciar en pocos días la liberación de los cautivos (a punto de consumarse al escribirse estas líneas) y los retazos de información sobre cómo van las cosas en la mesa negociadora así como su conexión con lo que sucede en el teatro de batalla.


No queda muy claro aún por qué el general Alzate estaba de civil y sin escolta en una zona con tanta presencia enemiga, y tampoco por qué insistió en navegar en lancha río abajo habiendo sido alertado, allí mismo, sobre los riesgos. Cuestiones, todas ellas, que el propio Presidente Santos planteó en público a su Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Pero sabemos que el general comanda la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, cuya labor consiste en hacer un trabajo social a la par que militar para ir cegando el césped bajo los pies de las FARC; de allí que estuviese acompañado, por ejemplo, de la abogada Gloria Urrego, que participa junto con su marido en una iniciativa relacionada con la provisión de energía en aquella zona. Esto importa porque es evidente que la actitud del general no era hostil en un sentido militar y quizás, aunque esto es altamente especulativo, ello explica que no siguiera los protocolos de seguridad.
La otra razón por la que este episodio -así como el secuestro de otros dos soldados en Arauca- tiene un significado de cierta trascendencia además de implicaciones crudelísimas para los afectados y sus familias es que pone presión sobre Santos para aceptar una solicitud que han hecho las FARC a lo largo del proceso negociador, del que acaban de cumplirse dos años exactos. Me refiero a la tregua o cese el fuego -a veces usan una expresión y a ratos la otra aun cuando no se trata, estrictamente hablando, de lo mismo- que las FARC le reclaman al gobierno. La posición de la organización terrorista es que no se debe negociar de forma paralela a la guerra sino en un contexto de suspensión prolongada de hostilidades. Santos, consciente de que esto podría permitir a las FARC recuperar parte del mucho terreno que han perdido y de que los colombianos, ambivalentes en los sondeos ante el proceso, no lo permitirían, se ha negado a hacer dicha concesión. Con sus secuestros -especialmente el de un general, algo que no había ocurrido antes-, las FARC mantienen sobre Santos la presión para que acabe de decretar una tregua, lo que daría al equipo negociador de los terroristas liderado por “Iván Márquez” en La Habana un margen ideal para prolongar ese diálogo mucho tiempo más.
El cálculo de las FARC, sin embargo, parece dejar de lado lo más importante: el efecto ante la sociedad colombiana. Creen que, porque obligaron al gobierno a negociar ante la imposibilidad de derrotarlos por la vía militar, cualquier forma de presión que pongan sobre Nariño por la vía de la violencia ahondará la desesperación de la sociedad y por ende de sus autoridades por sellar la paz a cualquier precio. Pero en realidad lo sucedido refuerza en cierta medida a Santos, pues le recuerda a ese amplio sector de colombianos opuestos a las negociaciones políticas que el mandatario ha mantenido el uso de la vía militar contra el enemigo. La justificación que dio el Bloque “Iván Ríos”, la facción de las FARC responsable del secuestro, por el plagio del general y sus acompañantes alude precisamente a la política hostil en el plano militar por parte de las autoridades. Nunca será malo para Santos, mientras duren las negociaciones, que la sociedad colombiana recuerde que en el plano militar (en este caso, en simultáneo con una iniciativa social) la actitud del gobierno no ha cambiado.
Algunas conclusiones importantes saltan a la vista en relación con el secuestro del general. Es evidente, por lo pronto, que entre el equipo negociador de las FARC y el Secretariado -como se llama a sí mismo el sancta-sanctórum de la organización- hay una comunicación fluida, suponemos que faciliada por el gobierno. En sólo dos días los negociadores pudieron confirmar qué facción de las FARC tenía a los cautivos (el Bloque “Iván Ríos” controla siete frentes y una columna móvil, según una investigación seria de Insight Crime realizada el año pasado). Poco después de que los negociadores dijeran en La Habana que no podían garantizar la liberación porque ello dependía de su líder, es decir de “Timochenko”, los diplomáticos de Cuba y Noruega que actúan de garantes en la capital cubana anunciaron el acuerdo para dejar libres a los cautivos. Se ha sabido, además, que Timochenko viajó a La Habana el año pasado en varias oportunidades con el visto bueno del propio Santos. Por tanto, deberían quedar despejadas del todo las dudas sobre la representatividad real del equipo negociador o la existencia de dos vías inconexas por parte de las FARC en todo este proceso.
En segundo lugar, han vuelto a quedar en evidencia las tensiones entre Nariño y el Ministro de Defensa (así como un sector militar que responde a él) en relación con el diálogo político que tiene lugar en Cuba. Ya había sido embarazoso para Pinzón el hecho de enterarse de los viajes secretos de Timochenko a La Habana por la prensa. No pasan, además, demasiados días sin que el Ministro critique las negociaciones. Esto forma parte hasta cierto punto de la estrategia de cuerdas separadas que ha llevado a cabo Santos -se mantienen las acciones militares y se negocia al mismo tiempo-, pero no es un secreto para nadie lo que muchos militares y el propio Ministro piensan sobre el riesgo de hacer excesivas concesiones a los terroristas para lograr la firma de la paz.
Una tercera y no menos decidora conclusión es que las negociaciones están entrando al punto más delicado. Hasta ahora, de los cinco puntos que forman parte de la agenda, se han resuelto tres, aun cuando nadie ha dado una información plena de lo acordado. Los tres temas sobre los que hay acuerdo son los referidos a las tierras y el desarrollo rural, la participación política de los miembros de las FARC y los cultivos ilegales y la droga. Quedan por negociarse los dos más delicados: el de las víctimas (y las reparaciones) así como el de la entrega de las armas y la renuncia definitiva a la violencia.
Desde agosto se venía negociando el asunto políticamente explosivo de las víctimas -varios grupos representativos de ellas han acudido a La Habana para rendir testimonio-. Se iba a retomar esta discusión en el momento en que se produjo el secuestro del general, que obligó a Santos a suspender el diálogo. Aunque por obvios motivos el gobierno no puede dar cuenta pormenorizada de lo que se está negociando antes de un acuerdo, una forma de medir el grado de tensión y lo delicado de la cuestión que se discute en distintos momentos es observar el comportamiento de las FARC en el terreno. Sospecho que la oportunidad de los secuestros de Arauca y del Chocó no está del todo desvinculada de la sensibilidad de lo que se estaba negociando.
En el entendido de que las negociaciones se reinicien una vez confirmadas las liberaciones de los secuestrados con mediación de la Cruz Roja, la pregunta es cuánto tardará resolver las dos cuestiones pendientes. Santos quiere lograr la firma de la paz en 2015, antes de los comicios locales de octubre.
Más ahora que la caída del precio del petróleo inevitablemente golpeará a su país y hará imposible alcanzar el mítico millón de barriles diarios así como mantener el galope de Pegaso que la economía colombiana llevaba.
Además, está de por medio la opinion pública. A pesar de haber reelegido a Santos, la sociedad colombiana sigue temerosa de que se conceda demasiado. Como recordaba Plinio A. Mendoza en “El Tiempo” recientemente, las once instituciones nuevas cuya creación se ha acordado en La Habana, a pesar de nombres inofensivos como “consejo para la reconciliación y la convivencia”, “veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia” o “consejos territoriales”, pueden desembocar en un tinglado que confiera poder institucional a las FARC y a la izquierda marxista. Un sector de colombianos no olvida que el Presidente debe su reelección al apoyo de la izquierda colombiana, sin la cual no hubiera podido derrotar a Óscar Iván Zuluaga y al uribismo, hoy presencia potente en el Congreso. Justificada o no, la suspicacia en relación con el grado de beneficios que el proceso puede traer a la izquierda es algo que podría ir desgastando la base de soporte con que cuentan las negociaciones. De allí también que el calendario de Santos sea más apretado que el de las FARC.
Hasta ahora Santos ha conseguido, contra viento y marea, seguir adelante con la persecución de su objetivo por una razón y sólo una: todavía la esperanza de paz es más grande que el temor de su precio. Mientras más tiempo pase, más corta será la distancia entre ambas cosas. El inquilino de Nariño lo sabe bien. Pero también lo saben bien sus adversarios.
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