miércoles, 5 de noviembre de 2014

Tapaos los unos a los otros

Del lado institucional Ayotzinapa sintetiza la inoperancia del sistema de justicia, la debilidad de los cuerpos policiacos, la impericia de los ministerios públicos, la ineficacia de los aparatos de inteligencia, la inutilidad de la comisión de derechos humanos y lo invertebrado del federalismo.
Tapaos los unos a los otros
Ayotzinapa se ha convertido en la representación de aquellos males que impiden a México presentarse como un sistema asentado sobre un piso mínimo de legalidad e institucionalidad.
Del lado institucional Ayotzinapa sintetiza la inoperancia del sistema de justicia, la debilidad de los cuerpos policiacos, la impericia de los ministerios públicos, la ineficacia de los aparatos de inteligencia, la inutilidad de la comisión de derechos humanos y lo invertebrado del federalismo. Compendia, pues, la ineficacia de las instituciones.



Del lado de la legalidad, condensa la tolerancia y permisividad frente a la comisión de delitos perpetrados por la clase política —funcionarios electos y designados—, pero también por las organizaciones y movimientos sociales. Delitos que no tienen consecuencias porque no son investigados ni perseguidos ni sancionados. Ayotzinapa confirma la regla de que la impunidad impulsa la violencia y es, en buena medida, la constatación del fracaso de la democracia porque no hay democracia sin Estado de derecho.
La democracia cumplió con poner frente al electorado a candidatos y partidos de distinto signo ideológico; con hacer del Congreso un órgano plural; con impulsar la alternancia en la mayoría de los estados; incluso con imponer límites al Poder Ejecutivo federal de forma que ahora buena parte de sus decisiones son compartidas con los otros poderes y sus acciones están bajo el escrutinio público.
Con lo que la democracia no ha podido cumplir es con un grado razonable de legalidad que permita a México presentarse como una nación en la que priva el Estado de derecho.
Al igual que en crisis anteriores, hoy que los hechos de violencia y complicidad entre crimen organizado y autoridades son inocultables, la clase política plantea con urgencia la necesidad de un nuevo pacto. Un pacto contra la inseguridad y en favor de la legalidad; un pacto para combatir la corrupción y cerrarle el paso a la impunidad; un pacto contra la violencia que impida la repetición de casos como el de Iguala.
Bienvenida la voluntad de hacerlo. Pero, por qué darle crédito otra vez al discurso del “tope donde tope”, “nunca más otro Iguala”, “combate frontal a la corrupción” o “por una auténtica política de Estado con visión de largo plazo”.
Para que ese pacto adquiera algún viso de credibilidad los partidos primero tendrían que confesar lo inconfesable: que han mantenido un pacto tácito en favor de la ilegalidad, de la impunidad y, por tanto, de la violencia. Un pacto que reza “tapaos los unos a los otros”. Ejemplos de denuncias que deshonran a las instituciones y sus integrantes y que después nunca se persiguen o incluso se encubren, sobran.
Hoy los políticos se rasgan las vestiduras porque el gobernador con licencia, el procurador o el secretario de Seguridad Pública de Guerrero dejaron escapar al alcalde de Iguala, pero ayer militantes de todos los partidos convinieron que Julio César Godoy, presunto socio del crimen organizado, fuera introducido al Palacio de San Lázaro en una cajuela, tomara protesta del cargo y adquiriera fuero para salvarse de la justicia.
El PRI ha impedido una y otra vez que se investigue a los gobernadores que militan en sus filas lo mismo que el PRD y el PAN a los suyos. El PAN dejó pasar la oportunidad de investigar la denuncia que el alcalde de Celaya hiciera al coordinador de los diputados panistas por cobrar un moche de 35% sobre la obra pública del municipio. El PRI protegió a Cuauhtémoc Gutiérrez de los presuntos delitos de explotación sexual y desvío de recursos públicos y el PRD a su delegado en Coyoacán por múltiples actos de corrupción.
Parte de lo que la democracia prometía era que la competencia llevaría a tener no sólo ofertas políticas distintas sino un ejercicio de poder y una toma de decisiones alejados de la discrecionalidad, la ilegalidad y la impunidad. Se pensó que los partidos se convertirían en los mejores vigilantes y contrapesos de sus adversarios y que serían un dique contra la corrupción. Se pensó que se fiscalizarían celosamente los unos a los otros y que se cuidarían en el ejercicio del poder si no por responsabilidad o ética pública al menos por interés: por miedo a que una vez perdido el puesto el sistema de justicia los alcanzara.
No fue así. Los partidos resultaron estar hechos de la misma materia prima y adoptaron la regla no escrita de: “se vale exhibir, pero no perseguir; se vale denunciar, pero no consignar”.
Para que un pacto funcionara haría falta que los políticos mexicanos estuviesen dispuestos a canibalizarse: a perseguirse a sí mismos. Pero no lo están. Steve Jobs entendió la importancia de canibalizar sus propios productos. A Jobs no le importó poner a competir su iPhone contra su iPod o su iPad contra su computadora. Prefirió canibalizarse a sí mismo antes de ser canibalizado por otras compañías. Desgraciadamente, antes de canibalizarse a sí mismos, nuestros políticos han preferido que los canibalice el crimen organizado. Si no cambiamos esta filosofía, ningún pacto cambiará las cosas
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