martes, 7 de julio de 2015

Grecia: Bombas de tiempo

Ian Vásquez es Director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.

Es muy temprano para saber si el ‘default’ de Grecia y la implosión de su economía terminará hundiendo al euro o hasta a la misma Unión Europea (UE). Todavía existe la posibilidad de que la UE negocie un rescate financiero con la esperanza de que esta vez se harán ajustes que produzcan crecimiento.
Lo que sí podemos afirmar es que, bajo cualquier escenario, el costo de las malas políticas griegas —que han reducido la economía en 24% y producido un desempleo de 25%— seguirá siendo alto en el corto o mediano plazo. Si eventualmente se recupera Grecia, la mala noticia es que tal mejoría seguramente no durará, ya que su crisis ha sido causada por un problema que aflige a la mayoría de los países ricos: el insostenible Estado benefactor que genera crecientes y astronómicas deudas que serán supuestamente pagadas por generaciones futuras.



En el corazón de la crisis de la deuda griega está su sistema público de pensiones, que obliga al Estado a gastar el 17,5% del PBI en beneficios. Como en buena parte del mundo rico, las pensiones públicas griegas representan el principal gasto social, seguido por otros gastos como, por ejemplo, aquel destinado a la salud. La realidad demográfica pone en peligro estos sistemas. Dado que, bajo el esquema público, el trabajador de hoy paga los beneficios de los jubilados actuales, las pensiones públicas se vuelven insolventes en la medida en que hay relativamente más jubilados y menos trabajadores. En Grecia hay ahora cuatro trabajadores por cada tres jubilados. En EE.UU., por cada pensionista existen solo 2,8 trabajadores. Los costos aumentan y las fuentes de financiamiento disminuyen.
Ante esta realidad, la mayoría de países ricos ha aumentado las contribuciones, reducido los beneficios o incrementado la edad de jubilación. También ha aumentado su deuda. Grecia es un caso extremo, pues no ha querido hacer tales ajustes y ha usado los rescates masivos de la UE y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener su elevado gasto estatal. Es así que la deuda pública griega ha llegado a 175% del PBI.
Pero ajustar las pensiones públicas no cambia la realidad demográfica ni resuelve el problema de fondo, solo posterga el ajuste hasta el momento en que ya no se pueda ignorar. El problema es enorme. En EE.UU., por ejemplo, si se toman en cuenta los gastos sociales prometidos por el Estado para los cuales no hay financiamiento, la deuda pública implícita llega a ser de alrededor de 400% del PBI. Eso está por encima de la deuda pública explícita de alrededor de 100% que ya existe. Cálculos independientes estiman que las deudas implícitas de los países en la UE promedian más de 400% del PBI nacional. Los países ricos claramente viven más allá de sus posibilidades y crean deudas que serán impagables.
Es llamativo que las organizaciones internacionales no mantengan datos sobre las deudas implícitas de los países, a pesar de ser un problema importante estudiado por numerosos economistas. Los políticos prefieren seguir prometiendo beneficios y pasando la cuenta a futuras generaciones. Es la dinámica política propia de los sistemas públicos de pensión y del elevado gasto público que financia el Estado benefactor. No me cabe duda de que tarde o temprano la realidad hará que los países ricos reemplacen sus sistemas públicos de pensiones con sistemas privados de retiro basados en la inversión (en vez del puro gasto), como ya empezó a hacerlo Suecia. Mientras tanto, la crisis griega es una advertencia para desactivar estas bombas de tiempo. Cuanto más temprano, mejor
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