jueves, 2 de julio de 2015

La CNTE y la ley

“Hágase la ley en los bueyes de mi compadre”. Es un dicho popular en nuestro país y nos refleja bien. Sólo invocamos la ley cuando nos conviene. Lo que nos gusta es que sólo obligue a los demás. El ejemplo más reciente de esto es la CNTE. Sus recursos legales contra la Reforma Educativa llegaron hasta la Suprema Corte, un privilegio que pocos quejosos tienen. La Corte determinó que, cuando un maestro no aprueba las evaluaciones por tercera vez, es constitucional trasladarlo a un puesto administrativo, si es que tiene plaza, o despedirlo si no la tiene. También lo pueden despedir si no se presenta a la evaluación.

Esta resolución no le gustó a la CNTE. Ya anunció que llevará su queja ante los organismos internacionales. Está en su derecho. Dudo que prospere. La respuesta inmediata de los maestros fue la de siempre: intensificar las protestas contra la Reforma Educativa, sin importarles en nada no respetar la misma Constitución que les permitió llevar su caso a la Suprema Corte.



Estas protestas han violado sistemáticamente los siguientes artículos constitucionales: el 9, que define “el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”. Éste, sin embargo, es claro: “Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar”. En el mismo sentido, si bien: “No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad”, lo cual sólo es válido “si no se profieren injurias contra ésta ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”. También violan el artículo 17, el cual estipula: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. Además, como los maestros y, más claro, aun los directivos de los planteles y de la administración del sistema educativo de Oaxaca, casi todos miembros de la CNTE, son servidores públicos, violan también el artículo 109, el cual, en su párrafo III, establece: “Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia…”. También violan el 128, que dice: “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”.
No sólo es constante la violación de la ley, sino que se realiza de forma coordinada y visible. De acuerdo al artículo 16 constitucional: “Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”.
¿Por qué el gobierno no ha reaccionado ante estos constantes desafíos apegándose al marco jurídico de nuestro país? Una razón evidente es que temen el poder de la CNTE. Ésta no sólo controla el sistema educativo de Oaxaca (a través del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, donde sus miembros dominan casi toda la estructura burocrática), sino que tiene gente afín en el resto de la administración pública local. Además, la CNTE tiene nexos con la guerrilla y una gran capacidad de movilización en ciertas localidades del estado.
Hay otra razón. Sólo respetar la ley cuando conviene no es monopolio de la CNTE. Para quienes tienen poder es frecuente usar y acatar la ley sólo cuando les es útil. Hay más de un empresario que, para domesticar la ley, simplemente trata de sobornar o presionar a los responsables de hacerla cumplir. Las grabaciones ilegales de OHL que han sido difundidas sugieren ese modus operandi de la empresa. Esto no ha parecido importar ni en el gobierno del estado ni en el federal. En ningún nivel de gobierno se ha iniciado una investigación a fondo.
La máxima de Benito Juárez sigue estando vigente. “A los enemigos, justicia; a los amigos, justicia y gracia cuando quepa esta última”. Y, como con un poco de esfuerzo siempre cabe la gracia con los amigos, se vuelve ilegítimo imponer la ley sólo a los enemigos. Por ello, el hecho de que el gobierno federal haya mostrado que sí tiene instrumentos poderosos para luchar contra el lavado de dinero de funcionarios públicos, pero sólo los use si el delito lo comete un adversario político, como Marcelo Ebrard, erosiona la necesaria legitimidad para aplicar la ley en otros terrenos.
El presidente Peña Nieto, en el Foro Económico Mundial celebrado en Quintana Roo, nos recordó, como parte de la cultura de los mexicanos, el dicho con el que empieza este artículo: “Hágase la ley en los bueyes de mi compadre, pero no en los míos”. A él le corresponde hacer cumplir la ley. Para que esto sea legítimo debe empezar con sus amigos. Sobran casos para hacerlo. La última información, según el diario Reforma, sobre los presuntos desvíos del erario del exgobernador Moreira, ofrecida por un empresario de Coahuila a una corte texana, parece ser suficiente para iniciar una indagación en México.
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