martes, 7 de julio de 2015

La culpa es de los civiles, no de los militares

A los soldados y marinos los entrenan con un espíritu de cuerpo dedicado a la guerra. Someter al enemigo es su fin último.

En el libro de Tomás Eloy Martínez, La novela de Perón, se menciona una cita del ministro de Guerra argentino, Manuel A. Rodríguez, en los años treinta del siglo pasado muy vigente para el México actual: “El militarismo no siempre nace del Ejército. El militarismo suele ser un mal que crean los políticos cuando utilizan al Ejército para lo que no deben”. Y es que los políticos mexicanos, desde hace mucho tiempo, les han cargado la mano a las Fuerzas Armadas en la lucha en contra del crimen organizado. En lugar de construir policías eficaces, los gobernantes civiles han enviado al Ejército y a la Marina a resolver este problema. Lo más fácil para ellos es sacar a los soldados y marinos de sus cuarteles. Esto podría entenderse en el corto plazo porque no existían policías confiables. Pero ya llevamos varios sexenios en lo mismo: utilizando al Ejército en lo que no se debe. Y las Fuerzas Armadas, que no están capacitadas para este tipo de labores, irremediablemente han cometido errores muy serios.



A los soldados y marinos los entrenan con un espíritu de cuerpo dedicado a la guerra. Someter al enemigo es su fin último. Si les dicen que los criminales son los enemigos, ellos proceden a abatirlos. Uso este verbo a propósito por toda la controversia que se ha generado a propósito de esta palabra en el caso de Tlatlaya.
El pasado 2 de julio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) presentó un informe sobre lo ocurrido hace un año en el municipio mexiquense donde murieron 22 presuntos delincuentes a manos de una patrulla del Ejército mexicano. Reportan que el teniente involucrado en los hechos recibió una “Orden de Relevo y Designación de Mando” en la que el 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar le instruía lo siguiente: “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Para el Prodh “dicha orden obliga a que se investigue la responsabilidad de los superiores jerárquicos en los hechos, en razón de la cadena de mando. Sobre todo considerando que en el propio expediente el término ‘abatir’ es empleado de manera unívoca para aludir a la privación de la vida humana”. No obstante, para nuestro colega Jorge Fernández Menéndez, experto en seguridad, “ese abatir, como está utilizado en el párrafo, puede servir como cualquiera de sus sinónimos: derribar, hundir, derrumbar, derrocar, tirar, tumbar, volcar, inclinar, vencer, humillar, desalentar. No existe orden alguna de matar a nadie y cualquiera que lea el texto completo comprenderá que ni siquiera está en el espíritu del mismo. Es más, no es un documento específico para una misión, sino una suerte de machote entregado a cada una de ellas”.
Este tipo de interpretaciones —que no sólo pueden ser semánticas— son el resultado de involucrar al Ejército en lo que no se debe. Los soldados se comunican a su manera, hacen operativos a su manera y reportan los incidentes a su manera, es decir, a la manera castrense que no es otra que la de la guerra. En el caso de Tlatlaya les ordenaron “abatir” al enemigo. La patrulla de soldados llegó al lugar y tuvo una primera refriega con los presuntos delincuentes quienes se rindieron. Acto seguido, los ejecutaron y reportaron que las bajas del enemigo se debieron a un enfrentamiento entre las dos fuerzas.
Casos como éste son el costo del fracaso de las autoridades civiles al utilizar así al Ejército. No sorprende, por tanto, que los gobiernos, posteriormente, encubran las violaciones a los derechos humanos de los soldados. En el caso de Tlatlaya, tanto el gobierno federal como el del Estado de México apoyaron la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Procuraduría mexiquense, incluso, fabricó pruebas y torturó a testigos para que la versión del Ejército cuadrara con lo originalmente reportado.
¿Por qué el Estado tiene que enviar una patrulla de soldados a enfrentar a una presunta banda de secuestradores? La respuesta es obvia: porque no hay policías confiables que lo hagan. Las autoridades civiles no han realizado la compleja labor de construir instituciones policiacas eficaces de tal suerte que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles. Es culpa de los políticos por andar utilizando al Ejército para lo que no se debe. Y ya no pueden decir que es “mientras tanto” porque llevan muchos sexenios haciéndolo.
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