domingo, 4 de octubre de 2015

El movimiento estudiantil de 1968 y el desarrollo estabilizador

BARÓMETRO
EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968 Y EL DESARROLLO ESTABILIZADOR
POR ROLANDO CORDERA
Lo cierto es que pasó mucho tiempo sin que el poder estatal se mostrase dispuesto a revisar las peticiones y exigencias que se hicieron en 1968.
Detrás del nuevo fenómeno de masas ciudadanas en pos de la seguridad pública, está siempre la sombra del Estado. Sus abusos o deficiencias marcan la pauta de las movilizaciones del presente, como lo hicieron con las del pasado.
Cerca de nuestros recuerdos sigue vivo el movimiento estudiantil de 1968, muestra paradigmática de los encuentros y desencuentros entre un Estado ensimismado en su poder y una ciudadanía moderna que entonces apenas se asomaba al panorama político mexicano, dominado por el autoritarismo presidencial y el corporativismo que eran vistos desde el Estado como condición insustituible de un crecimiento económico con estabilidad que se pretendía que “daba para todos”, aunque nunca de modo equitativo.



Hay debajo del 68 una economía política, del mismo modo que debe haberla en el caso del 2000 y la alternancia y, ahora, en el de la marcha de los ciudadanos en reclamo de sus derechos elementales conculcados por la estruendosa ola de criminalidad que irrumpió con las crisis pero se volvió sunami ominoso con la democracia.
Para construir una economía política del presente, inseparable del tema del los derechos fundamentales, puede ser útil volver los ojos a la de aquel pasado memorable y terrible. A esto dedicaré ésta y mis próximas entregas, con base en unas notas presentadas el 25 de junio en el Seminario Génesis de los Derechos Humanos en México, organizado por la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y que tuvo como sede el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.
EL 68 COMO PRESENTE Y COMO HISTORIA
La Estrategia del Desarrollo Estabilizador, como la bautizó don Antonio Ortiz Mena en 1969, se diseñó y llevó a la práctica entre finales de la década de los años cincuenta y el año de 1970, cuando se inicia el gobierno del presidente Echeverría y se propone desde la misma presidencia la necesidad y la conveniencia de una nueva estrategia para el desarrollo nacional. Esta propuesta pretendía hacerse cargo de las fallas y contradicciones económicas y sociales de la anterior, y mediante su superación asegurar la continuidad y una mejor calidad del crecimiento mexicano.
Se quería, también, a través de un desarrollo no sólo sostenido sino con una mejor distribución del ingreso, responder a lo que desde el nuevo gobierno se consideraba eran las demandas y los motivos fundamentales del movimiento estudiantil de 1968. Se aspiraba, como se postuló una y otra vez desde la cúspide del Estado, a “cerrar” una herida, a asumir, como años después lo expresó el presidente López Portillo, la “conciencia de la crisis” y dar por concluida la “crisis de conciencia” que el 68 había significado para todos, pero en particular para los mandos del Estado y del sistema político heredados de la Revolución.
El logró de estos propósitos fue desigual pero no hay duda que en lo político el país alcanzó en los años finales del siglo XX nuevas y más promisorias plataformas democráticas. No se puede decir lo mismo en el plano económico y social, entre otras cosas porque a partir de 1970 el país entró en una fase larga de crisis y cambio que aún no concluye ni ha podido concretarse en una expansión económica sostenida y equitativa.
A pesar de lo mucho que se ha logrado en la democratización de la vida política, incluso ahora con la alternancia, tampoco puede decirse que inauguramos el nuevo milenio en una circunstancia de la vida estatal en la que, gracias a la política democrática y la legalidad que le es propia, se hayan esclarecido y deslindado responsabilidades políticas y legales pertinentes, de tal manera que las heridas y los reclamos de entonces pudieran darse por resueltos, superados o satisfechos.
Hoy, después de los grandes momentos del fin de siglo en los que la sociedad se vio a sí misma como adulta y dispuesta a conformar una gobierno plenamente democrático, tenemos que volver a preguntarnos si no nos acercamos de nuevo a momentos de decisión como los que vivieron hace ya 36 años y en su secuela. Lo cierto es que pasó mucho tiempo sin que el poder estatal se mostrase dispuesto a revisar las peticiones y exigencias que se hicieron en 1968 y les diese no la significación casi banal con que a veces se califica al pliego petitorio del movimiento, sino su profunda implicación histórica.
Esta última estaba y sigue férreamente asociada a la necesidad de un cambio político conducido con seriedad y responsabilidad a una legalidad asumida y respetada por todos, así como a una democracia eficaz y creíble. Esta democracia no existía en 1968 aunque el régimen se viera a sí mismo como ejemplar para las naciones en desarrollo. A partir de lo que entonces pasó, el Estado no pudo presentar a su sistema político como singular y hasta ejemplar, del que los hombres del poder eran los únicos e incuestionables representantes. No fue éste un servicio menor que el movimiento hizo a la sociedad de ayer y hoy.
Tal vez haya sido por esto, por no atreverse a abordar a fondo la cuestión del 68 como un asunto de legalidad y transformación política cívica y ciudadana, civilizatoria en más de un sentido, que todos, gobernantes y gobernados, tengamos que seguir hablando del 68 como presente y no como historia. A lo anterior habría que añadir la falta de maduración de las grandes figuras que el 68, de modo insinuante, señaló como uno de los grandes ausentes de la escena política de esos años: unos partidos de clara y firme vocación democrática, lo suficientemente sólidos para resistir el ventarrón represivo y asimilar, productivamente y en clave democrática, el antiautoritarismo sin cauce que desataron la represión y la persecución ilegales con que se quiso resolver el movimiento y retornar a la Pax Priista.
La densidad de aquellos años es indudable; y desde el punto de vista político-económico siguen siendo, como lo fueron para los gobiernos de Echeverría, López Portillo y Salinas con sus proyectos de reforma desde arriba, la referencia obligada para la crítica y la evaluación del presente, así como para tratar de construir un futuro distinto y más alentador.
Entonces, si algo se puso en evidencia fue el enorme sacrificio que el régimen estaba dispuesto a hacer de sí mismo y del orden constitucional para mantener sin concesiones lo que el grupo gobernante entendía por el principio de autoridad. Fue la defensa y afirmación de este principio, convertido sin más y por voluntad presidencial en razón de Estado, lo que llevó al gobierno del presidente Díaz Ordaz a poner al sistema político heredado de la Revolución al borde de la dictadura, violatorio de cualquier idea política, moral o jurídica del Estado de derecho.
Esa abierta violación del orden constitucional se pretendió justificar con patrañas conspiratorias de la peor estofa, o bien con la presunción sin sustento sólido ni legitimidad social profunda de que todo se hacía en aras del desarrollo económico alto y sostenido y la indudable pero magra distribución de sus frutos que se había logrado hasta esas fechas.
El 68 fue un parte aguas tanto para el Estado mexicano como para importantes y dinámicas capas emergentes de la sociedad. Junto con su ferocidad, se puso de manifiesto la debilidad y la corrosión que ya aquejaban al Estado pos-revolucionario.
Como lo dijeron en 1970 los dirigentes del movimiento estudiantil, todavía en prisión: “Las arbitrariedades y violaciones a los derechos consagrados en las leyes son innumerables y son juicios viciados desde su origen. Detenciones masivas sin orden judicial, secuestros durante semanas enteras, torturados para atrancar confesiones prefabricadas y durante más un año detenidos sin conocer las acusaciones concretas” (Los procesos del 68, Editorial Estudiantes, México, 1970, p. Vi). “Estamos acusados, en promedio, de diez delitos federales, que van desde robo, homicidio, lesiones, hasta sedición y asociación delictuosa e incitación a la rebelión” [...] Todos estamos acusados de todo. Desde organizar los mítines y manifestaciones, hasta el incendio de autobuses y los crímenes cometidos por el ejército en Tlatelolco. No existe ninguna relación directa entre los supuestos actos delictivos y las personas acusadas. Por ejemplo, todas las personas detenidas el 2 de octubre están acusadas de homicidio por el simple hecho de que fueron detenidas ese día en la Plaza de Tlatelolco” (ibíd., p.vii).
En este volumen, como ha escrito recientemente Adolfo Sánchez Rebolledo (El 68 y los derechos humanos, por publicarse), se revela con intensidad y de modo detallado el estado lamentable de la legalidad mexicana y, por consiguiente, el lugar que los derechos humanos ocupaban en la rabiosa agenda del gobierno. Centrado en el examen de los monstruosos procesos a que se sometió a sus dirigentes y otros participantes del movimiento, el libro sigue siendo un testimonio vivo del abuso a que el Estado puede llegar cuando se despoja de las mínimas amarras sociales y políticas y vive de y para sus propios delirios jurídicos.
Como se sugirió arriba, el economicismo y el desarrollismo fueron puestos entonces al servicio del autoritarismo extremo desplegado en aquellos años duros y terribles. Y muchos vieron en este binomio, así como en sus expresiones sociales más agudas, la matriz de fondo del movimiento.
Sin embargo, no parece haber en la economía política de entonces una causalidad directa y evidente del movimiento estudiantil de 1968. A ello dedicaré próximos Barómetros. n
Publicar un comentario