miércoles, 20 de abril de 2016

Contra los impuestos



La polémica sobre la filtración de los “papeles de Pánama” se ha centrado en si hay que prohibir los denominados “paraísos” o “refugios” fiscales. Pero podríamos poner el foco en otra variante de la ecuación: ¿Es la obligación de pagar impuestos una injusticia?, ¿cabe considerar el derecho a la objeción fiscal? Como casi siempre, Kant ilustra, nunca mejor dicho, el camino tributario a seguir en una sociedad que pretenda ser eficiente a fuer de justa. Escribía el filósofo alemán en ¿Qué es la Ilustración?
“El ciudadano no se puede negar a pagar los impuestos que le son asignados (Pero) él mismo no actuará en contra del deber de un ciudadano si, como docto, manifiesta públicamente su pensamiento contra la inconveniencia o injusticia de tales impuestos.”


 
Desde el punto de vista filosófico, cabe la resistencia civil, aunque sea “opinativa”, contra el fisco
Desde el punto de vista filosófico, por tanto, cabe la resistencia civil, aunque sea “opinativa”, contra el fisco. Como la que propugna otro filósofo alemán Peter Sloterdijk: la solidaridad no puede ser producto de la coacción, por lo que los impuestos deben reducirse a su mínima expresión, para sostener los bienes públicos estrictos, y las contribuciones de los ciudadanos al funcionamiento de los servicios estatales no imprescindibles (de las televisiones “públicas” a las mil y una empresas estatales) se debería realizar únicamente mediante donaciones voluntarias. Es decir, como la Wikipedia. O, lo que es lo mismo, menos socialdemocracia y más liberalismo.
La fundamentación moral de una imposición fiscal ocurrirá cuando el Estado se legitime ante los ciudadanos, es decir, que sea capaz de persuadirlos, en lugar de coaccionarlos, para ir más allá del límite de la “libertad positiva” (por usar la terminología de Isaiah Berlin). Del mismo modo que el crowfunding se está convirtiendo en una herramienta esencial para la financiación democrática de proyectos empresariales privados, fuera de los circuitos crediticios habituales, también debería serlo para las iniciativas emprendedoras estatales. Sería interesante comprobar cuánta de la gente que se dice amiga de la cultura está dispuesta a pagar por ella y también por el acceso de aquellos que no pueden pagarla.
Me refería antes a la Wikipedia, un bien público financiado por los dos millones de personas que, de media, pagamos treinta euros al año para que cualquiera, independientemente de que haya contribuido o no, pueda hacer uso de ella. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a donar dinero para el mantenimiento de una orquesta de música de carácter nacional (o municipal) o para el de una emisora como Radio 3? Se podrían crear mecanismos incentivadores para las empresas del modo que, por ejemplo, si un trabajador dona parte de su salario al mantenimiento de un museo arqueológico su empresa contribuyera en igual medida (siendo desgravable en una proporción).
Cada vez que un Estado se desmarca del Pacto Fiscal Europeo y aumenta los impuestos, se deslegitima para pedir a los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones fiscales
Tras una tarifa plana del veinticinco por ciento en el IRPF, las contribuciones voluntarias al Estado irían en consonancia con un rendimiento a los ciudadanos tanto de las cuentas como de la calidad de los servicios. Tras dicho techo impositivo, habría que obligar al Estado a un límite de deuda del 60% del PIB, de modo que no se escape a través de la emisión de deuda que no es más que una forma de proyectar los impuestos al futuro. Cada vez que un Estado se desmarca del Pacto Fiscal Europeo y aumenta los impuestos, se deslegitima para pedir a los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones fiscales. Parafraseando al “No tax without representation” (“No hay tributación sin representación”) que inspiró la Independencia norteamericana, podríamos reclamar que sin rendición de cuentas y austeridad en el gasto público el ciudadano no está comprometido moralmente a obedecer leyes que devienen en confiscatorias.
Si actualmente Hacienda trata a los contribuyentes como súbditos no tendría más remedio, bajo un nuevo paradigma de empoderamiento fiscal ciudadano, que pasar a considerarlos como clientes que “siempre tienen razón”, en el sentido de que deberían sentirse inversores de lo público y no siervos de la gleba, a medio camino entre esclavos y hombres libres. “Hacienda somos todos” ha significado usualmente que todos somos servidores del Estado. Pero con el “empoderamiento” del ciudadano, rompiendo la asimetría informativa y de violencia que detenta ahora el Estado, pasarían los contribuyentes a ser considerados como inocentes de cualquier delito o falta fiscal, en lugar de la situación de arbitrariedad, incertidumbre e indefensión que padecen.
Vivimos el absurdo de producir para pagar impuestos en lugar de sentirnos copartícipes de una tarea colectiva
Los “papeles de Panamá” han derivado en un debate confuso e interesado en el que se ha mezclado torticeramente la ingeniería financiera legítima con la evasión delictiva. Pero sobre todo ha apuntalado los cimientos de un Estado devorador de las rentas y la riqueza que producen los ciudadanos. Vivimos el absurdo de producir para pagar impuestos en lugar de sentirnos copartícipes de una tarea colectiva que cree las infraestructuras y las condiciones sociales que incentiven una mayor prosperidad y una justicia más profunda. La situación es cada vez más totalitaria y absurda y, además, nos conduce no sólo a la infantilización moral sino al desastre económico.
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