viernes, 22 de abril de 2016

Fin de las libertades, el control del estado en la educación superior.

Las minutas del proyecto de ley que se publicaron a fines de marzo, señalan un cambio radical en el sistema de educación superior del país.

El conocimiento, la investigación, el desarrollo integral de nuestra sociedad, el crecimiento de nuestro país y alcanzar el tan anhelado desarrollo de la nación se responsabiliza en el cómo avanzamos “paso a paso” en la creación de más y mejor capital humano, en el desarrollo de nuevos profesionales. Este ha sido uno de los focos principales del gobierno, el cual inició con protagonismo desde su anuncio de la gratuidad y ahora nuevamente con la rauda elaboración de la reforma a la educación superior, que se espera esté lista para antes de la cuenta pública del 2016.



Las minutas del proyecto de ley que se publicaron a fines de marzo, señalan un cambio radical en el sistema de educación superior del país. Al leer los documentos, causa cierta curiosidad e incertidumbre la creación de la Superintendencia de Educación Superior, con una avasalladora fiscalización y casi ilimitadas facultades para supervisar la viabilidad académica y financiera de las entidades, sus proyectos educativos y el cumplimiento de éstos en las instituciones de educación superior (IES) autónomas, pudiendo ingresar a los recintos de las universidades y dependencias de sus organizadores,  con permiso para acceder a cualquier documento, libro o antecedente para fines de “fiscalización”. Bajo estos parámetros, ¿No causa cierta preocupación por la futura autonomía de las instituciones? ¿Será el organismo y sus facultades el responsable de invadir y estatizar los proyectos educativos de las entidades? Esto, dentro del marco de cuatro ejes de modificaciones legales, que tienen relación con los cambios institucionales, el marco regulatorio en general para todas las instituciones, las regulaciones específicas para las entidades estatales y el mecanismo de financiamiento.
El organismo, será el dios omnipotente y omnisciente del sistema de educación superior. Infiero una apocalíptica “estatización” de los planteles educativos, pues quiérase o no, será el “dios” quien decida entre lo que es bueno o malo para las entidades, el cual intentará controlar y fiscalizar a su antojo. Es necesaria la fiscalización bajo ciertos parámetros aterrizados. Sin embargo, no merece sepultar – en un intento de refundar la educación superior –  a estas instituciones con un rol público significativo. Y dentro de este rol se encuentran las universidades privadas, que se verían tremendamente afectadas con medidas que irrumpen con la autonomía de las instituciones, quebrando así  la independencia y la convicción propia de sus proyectos educativos, el desarrollo soberano de sus planes educacionales y la libre formación de sus estudiantes, con sus propios principios y valores.
Se debe avanzar paso a paso en la mejora de nuestro sistema de educación  superior, pero en el intento, el gobierno parece una entidad cegada ideológicamente, intentando de una u otra manera, reformar todo lo que encuentra en su paso.
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