Estas últimas semanas hemos estado oyendo mil cosas distintas sobre los ya afamados Panama Papers y los múltiples individuos que en ellos aparecen. Cuantos más datos salían a la luz, más se exaltaban aquellos pseudoanalistas político-económicos conocidos como “cuñaos”, que tardaron muy poco en calificar y señalar a los implicados con vocablos tales como caraduras, ladrones, y un largo etcétera. Pero, ¿lo son realmente?


Aquí se plantean varias líneas de argumentación que debemos tener muy claras a la hora de hablar de todo este asunto de abrir sociedades aparentemente inactivas en otro país con el único fin de pagar menos impuestos. La primera de ellas podría ser: ¿es esto legal? Y la respuesta es , rotundamente.
Hay una diferencia significativa entre evadir y eludir impuestos. La evasión es una actividad ilícita en el marco legal actual, consistente en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos. Esto es, ocultar determinados bienes de tu empresa domiciliada en España al fisco para no pagar los impuestos intrínsecos a los mismos.
La elusión, por otro lado, es una acción legal que persigue evitar o minimizar el pago de impuestos aprovechando los vacíos de la legislación tributaria. Es decir, abrir una empresa en un país cuya presión fiscal es mucho menor que la del país de residencia del individuo para tributar allí y, por ende, pagar menos impuestos.
En el caso de los Panama Papers, hablamos de elusión fiscal, y no de evasión, como se empeñan en vociferar las fuerzas vivas del cuñadismo español.
Hablemos ahora de la legitimidad de esta elusión fiscal. ¿Es legítimo tratar de pagar menos impuestos, aun respetando el marco legal establecido coactivamente por el Estado? Por supuesto que . Es innegable que intentar que las garras de la Administración te arrebaten una parte sustancialmente menor de tu riqueza es plenamente legítimo, lógico y racional. El objetivo esencial de todo individuo productivo sometido a una legalidad de carácter extractivo debería ser, por lo general, intentar reducir en la manera de lo posible la cantidad requisada por el Estado. Nada ni nadie debería atribuirse el supuesto derecho a meter la mano en nuestro bolsillo y pretender que no hagamos nada. Eso es propio de autómatas, no de seres racionales y, supuestamente, inteligentes.
Ahora bien, ¿es consecuente que determinados personajes que aparecen en estos informes traten de eludir impuestos? No. Y me refiero a políticos y otros adoradores del Estado y lo que este supone. ¿Que aparece Vargas Llosa? Bien por él: paga menos impuestos. ¿Que aparece Jackie Chan? Me alegro por nuestro amigo asiático. ¿Daddy Yankee? Bueno, no me gusta su música, pero buena jugada. ¿El rey de Arabia? ¿El presidente ucraniano Poroshenko? ¿Gunnlaugsson, el primer ministro islandés? ¿Pedro Almodóvar? Ah, aquí cambia la cosa. Y, ¿por qué cambia, exactamente? Muy sencillo: esta gente, o bien se dedica a establecer la legislación impositiva de la que hablábamos antes, o bien idolatra el papel del Estado y exige, incluso, más estructura estatal y, por ende, más impuestos (menos el IVA cultural imaginario, claro).
Así pues, podemos decir que, aunque la elusión fiscal y tratar de pagar menos impuestos es un acto totalmente legítimo y comprensible, existe una especie de línea roja moral que puede determinar cuándo es correcto que una persona concreta lo haga, y cuándo no.
Aunque imagino que a estos últimos individuos les importa más bien poco lo que pueda opinar yo, o lo que es moral y lo que no, creo que es apropiado romper una lanza a favor de los cuñaos. O, al menos, de parte de su planteamiento. ¿Son los presentes en la lista de los Panama Papers unos sinvergüenzas? Mayormente, no. Algunos de los presentes sí podrían ser clasificados como tales, en tanto en cuanto no comulgan con el ejemplo que pretenden dar a los ciudadanos obligados a cumplir con la legalidad en la que se establece una presión impositiva lo suficientemente excesiva como para que haya gente que se plantee trasladar su capital a los mal llamados “paraísos fiscales” que son, realmente, refugios fiscales.
¿La solución? Más sencilla, imposible: reducción drástica de impuestos, competencia fiscal efectiva entre países, y flexibilidad mayor en la legalidad vigente. Solo así conseguiremos que la gente deje de huir de nuestro país en busca de lugares más favorables para la inversión, el ahorro y, en definitiva, la conservación de los bienes propios y legítimos del individuo.