Luiz Inácio Lula da Silva ha sido uno de los mayores referentes de la izquierda global durante las últimas tres décadas: candidato a la presidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores desde 1989, presidente del país desde 2002 y creador, junto a Fidel Castro, del Foro de Sao Paulo en 1990 como plataforma política supranacional alternativa a una Unión Soviética en abierto desmoronamiento y que ya no iba a poder seguir desarrollando labores de apoyo organizativo y propagandístico para los partidos de izquierdas de la región. En suma, Lula ha sido uno de los pilares históricos en la reconstrucción de la hegemonía socialista dentro de Iberoamérica, acaso sólo comparable en relevancia al propio Castro y a Hugo Chávez.


De ahí la admiración cuasi reverencial que le ha rendido buena parte de la izquierda patria al político brasileño. Recordemos los parabienes que le regaló Pedro Sánchez desde Brasil hace justo un año, alabando la “buena política” que desarrolló desde su presidencia o, de manera mucho más significativa, las palabras de Íñigo Errejón vanagloriándose de que “Lula compara a Podemos con el comienzo del Partido de los Trabajadores. Un honor”. Mas, en última instancia, parece que Lula sólo era otro político hipercorrupto que utilizó los resortes del Estado para enriquecerse a costa de sus ciudadanos. No “un expresidente que gobernó para su gente y para un país más justo”, según expresó hace meses Pablo Iglesias, sino el capo de una mafia que ha empleado la gigantesca empresa estatal —sí, estatal— de Petrobras para desviar fondos públicos, pagar sobornos y amañar contratos en privativo lucro de una casta política en cuyo vértice se encontraba ese izquierdista ejemplar llamado Lula. Un esquema de explotación parasitaria de los ciudadanos que, por cierto, es calcado al de ese otro referente socialista iberoamericano que es la compañía estatal venezolana PDVSA.
Al final, debe de ser que la corrupción no entiende de ideologías políticas y que proclamas como las de Alberto Garzón —“para mí un delincuente no puede ser de izquierdas”— son sólo pura propaganda. La corrupción estatal, en cambio, sí está estrechamente vinculada al exceso de poder político: a la cantidad de recursos y de libertades personales que manejan arbitrariamente nuestros mandatarios. Si quiere menor corrupción, no ha de darle el poder absoluto a ningún político de izquierdas o de derechas: no debe dárselo a nadie. Al contrario de lo que predicaba el corrupto Lula acaso con interesado conocimiento de causa, no necesitamos más Estado, sino mucho menos.