jueves, 21 de abril de 2016

Nicolás Maduro organiza una "guerra institucional"


Imagen: Chandanga.
Venezuela está inmersa en una guerra distinta. Dura, como todas, y de resultados inciertos. Una que hoy enfrenta a sus instituciones centrales de gobierno.
Por un lado, al Poder Ejecutivo -con Nicolás Maduro a la cabeza- acompañado por un Poder Judicial que no es independiente, sino que está vergonzosamente sumiso al Poder Ejecutivo. Por el otro, la Asamblea Legislativa, compuesta -muy mayoritariamente- por los representantes de la oposición venezolana, elegidos hace apenas cuatro meses, cuando Maduro sufriera una derrota sin atenuantes en las urnas, que procuran legislar. Esto es, ejercer el mandato específico que el pueblo les confiriera.
En esa inusual -pero abierta- guerra institucional, Nicolás Maduro parece haber ganado todas las principales batallas que han sido libradas. Hasta ahora, al menos. Como consecuencia de ello, la Asamblea Nacional ha sido enmudecida. Casi anulada.



Maduro ha transformado así al Poder Legislativo de su país en un ente impotente. Irrelevante. A la vista de todos. Porque ha logrado impedirle ejercer su función esencial: la de legislar.
Los ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo no concurren a la Asamblea cuando son convocados por ella para investigar la inmensa corrupción que parece anidar en todos los rincones de Venezuela. Ni van, ni le contestan, siquiera. La ignoran.
Mientras tanto, el más alto tribunal de justicia de Venezuela anula aceleradamente las normas que emanan del Poder Legislativo. Una y otra vez. A pedido de Nicolás Maduro. Esto sucede constantemente, luego de que el máximo tribunal hubiera tempranamente descalificado la elección de cuatro parlamentarios rurales, de modo de birlar así a la oposición la mayoría especial, con super-poderes, que lograra en las elecciones.
Desde entonces, los 13 jueces del más alto tribunal (que fueran designados -a dedo- por Nicolás Maduro apenas dos días antes de la asunción de los legisladores electos en diciembre pasado) declaran inconstitucionales a las leyes que aprueba el Congreso. De modo serial y en cuestión de horas. Sistemáticamente. Cual diligente y audaz “sello de goma” del Poder Ejecutivo venezolano. En expresión clara del totalitarismo que ya se ha apoderado de Venezuela.
Hasta ahora, la justicia -perversamente adicta a Maduro- (i) ha limitado las facultades del Poder Legislativo de remover a los jueces; (ii) dejado de lado una ley con la que se pretendía ayudar a estabilizar una economía desbocada, con el 600% de inflación anual; (iii) anulado una reforma del Banco Central aprobada por los legisladores, que exigía la publicación de información económica básica y limitaba la facultad del ente de emitir moneda alocadamente; y (iv) ratificado algunas arbitrarias -e inconducentes- medidas de “emergencia económica” dictadas por Nicolás Maduro, que antes habían sido expresamente anuladas por el Congreso.
Los jueces, a pedido de Nicolás Maduro, acaban ahora de hacer algo más audaz: anular la paradigmática “Ley de Amnistía”, recientemente dictada por el Congreso para, entre otras cosas, liberar a los casi 80 presos políticos y estudiantes a los que Nicolás Maduro mantiene en prisión luego de haberlos farisaicamente juzgado, en abierta violación del debido proceso legal. Entre ellos, el ex Alcalde de Caracas, el popular Leopoldo López, que cumple una sentencia de 13 años de prisión por el presunto delito de opinar distinto y hacerlo en público.
Las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, han hecho oír - de inmediato- su muy preocupada voz de protesta. Pero lo cierto es que los presos políticos venezolanos no serán liberados. Pese a que el pueblo votó -valiente y masivamente- para que lo fueran.
Lo mismo ocurre a nivel municipal y estatal. Con idénticas recetas para despojar amenazadoramente a la oposición del triunfo inobjetable obtenido el pasado mes de diciembre.
Desde el Congreso se estudia ahora la adopción de una medida radical. Para que el pueblo, si lo desea, comience a recorrer el camino del referendo revocatorio para destituir constitucionalmente a Nicolás Maduro, cuya respuesta ha sido la usual, esto es la del insulto y la amenaza de limitar el plazo en que el Congreso puede sesionar, y sugerir cerrarlo.
Por todo esto, muchos en Venezuela se preguntan si el cambio democrático al que aspiran es posible, o no. O si sólo ocurrirá cuando la gente salga nuevamente a la calle a exigir –desde allí- que se respete su voluntad.
Si la vía del referendo revocatorio corre la misma suerte de las normas antes comentadas, que terminaron efectivamente en la papelera, los ánimos de los humillados y burlados pueden caldearse enormemente.
Ocurre que la gente se sabe estafada. Y lo está siendo. Lo que se comprobaría si la delicada vía del referendo revocatorio también se cierra. Por eso el tema, que ya está discutiendo orgánicamente el Poder Legislativo, genera una profunda preocupación. Es una suerte de batalla final.
Mientras tanto, Venezuela sigue sumida en la escasez de todo, incluyendo los alimentos y los medicamentos. Para muchos, eso es un absurdo padecimiento diario. Con una inflación que, hemos visto, es galopante y transforma los sacrificios diarios en un grotesco via crucis.
A lo que se agrega, además, que la semana laboral se ha acortado a apenas cuatro días, porque gracias a la ineficacia de la gestión de Nicolás Maduro y al fracaso del “modelo” bolivariano, no hay energía eléctrica suficiente como para poder trabajar cinco días seguidos. También por eso, Nicolás Maduro ha requerido descaradamente a las venezolanas que no usen secadores eléctricos de pelo.
La Asamblea Nacional, queda visto, ha sido maliciosamente despojada de su poder efectivo. El que expresamente le confiere la Constitución. El que, por lo demás, conquistó el pueblo, en las urnas.
Está cínicamente “vaciada”. Desairada públicamente. Despojada arteramente de sus facultades constitucionales. Transformada en un mero espectador, frustrado, de las maniobras con las que Maduro la ha transformado en una suerte de eunuco político. Lo que es desalentador en extremo y sugiere que sobre una Venezuela que ha abandonado el camino del diálogo, se cierne lo que podría ser una fuerte tormenta. Una suerte de oportunidad final para salir del totalitarismo y recuperar las libertades cercenadas.

Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas
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