miércoles, 27 de abril de 2016

Sobre la propiedad privada y las nostalgias del “estado empresario”

¿Qué explica el nostálgico anhelo de reinstalar un “estado empresario”? Presumimos, que para que ello tenga alguna consistencia, se debe suponer a priori un comportamiento casi angelical de parte de las personas que se desempeñan en las empresas públicas.

Hace poco tiempo, en este mismo espacio, reflexionábamos respecto del rol esencial que le cabe a la institución de la “propiedad privada” en el desarrollo de una sociedad libre moderna.
Para los fines que aquí interesa, señalamos que ella opera considerando la naturaleza humana, con sus virtudes y defectos. Y que en tal contexto, entrega incentivos para procurar el debido cuidado, uso y matención de los bienes.



También llamamos la atención sobre un peculiar, pero crucial atributo que la caracteriza. La institución de la propiedad privada activa un campo de fuerzas que induce a que los recursos escasos que la amparan sean asignados a sus usos más prioritarios. Ello por cuanto permite que el dominio y control de los bienes sea desafiado, y reasignado a aquella parte que le dé los usos más valiosos. Todo lo anterior, de forma voluntaria, libre, descentralizada, y con ganancia para las partes involucradas.
Manteniendo en mente lo anterior, pongamos ahora nuestra atención en el término “estado empresario” que es el tema central en esta ocasión. Últimamente, y cada vez con más fuerza, se han escuchado nostálgicas exhortaciones para que el Estado asuma un rol más activo en el ámbito productivo nacional.
En Chile y en el mundo en general, hay un nutrido historial sobre el mal desempeño del Estado en el ámbito productivo, lo que por sí solo debiera generar pudor a quienes lo promueven.
En lo que sigue, y a modo de complemento a tal evidencia, se presenta un paralelo entre las motivaciones que operan en el sector público y privado respectivamente.
Partamos primero por los incentivos que operan sobre el debido cuidado de los bienes valiosos, y al vínculo entre errores, aciertos y recompensa personal. De partida, el mismo término “estado empresario” suena contradictorio. Si se le atribuye a tal concepto el sentido de identificar personas de carne y hueso que emprenden actividades comerciales, arriesgando su patrimonio particular, ciertamente convendríamos que el Estado no podría calificar como tal.
Bien sabemos que lo que pertenece a todos no es de nadie en la realidad. Y si no es de nadie, la motivación para su debido cuidado se evapora. Peor aún, comienzan a operar incentivos para practicar la “apropiación de facto” por parte de grupos de interés políticos, ideológicos, económicos etc.
Para mayor claridad, propongo el siguiente experimento mental. Considérese una empresa ficticia que debe llevar a cabo una negociación colectiva con su principal sindicato.
Supongamos dos escenarios alternativos; uno en que la empresa es de propiedad estatal, y otro en que la misma empresa es de propiedad privada.
¿Cree usted que en su directorio y administración operarán los mismos incentivos en ambos escenarios?
En el caso de la propiedad privada, los negociadores representantes de la empresa deberán rendir estricta cuenta a sus dueños (o directores por ellos designados), quienes a su vez, sospesarán cuidadosamente las consecuencias de los posibles resultados de la negociación en el valor de la empresa y su desempeño en el tiempo. Se tendrán en consideración los resultados esperados de corto versus de largo plazo, las restricciones que impone el mercado del producto, la lealtad de los consumidores, la necesidad de contar con la dotación de capital humano apropiada y con la debida motivación, etc. Nótese que todo ello ocurre no porque los directores sean buenas o malas personas, ocurre simplemente porque así les conviene.
¿Ocurrirá lo mismo en el caso de la propiedad pública?
¿Cree usted que un político que haya sido nombrado en el directorio de nuestra, ahora estatal, empresa teórica, apoyará una posición que favorezca a la empresa, si dicha posición, independientemente de su mérito de fondo, pueda correr el riesgo de ser calificada públicamente como medida antitrabajo? ¿Apoyará tan fácilmente una postura que pudiese conducir a una huelga “políticamente” incómoda? Aquel director podría razonar: ¿para qué me arriesgo a tener un problema con el o los partidos, indisponer a las autoridades y poner en riesgo parte de mi sustento actual y mi carrera política? Por otra parte, ¿cómo se me reconocerá por adoptar una postura consistente con el interés social, pero políticamente incorrecta? ¿Valdrá la pena?
Y aún si tal director no fuese “político”, estaría en minoría, y probablemente sometido a presiones (internas y externas) que obstaculizarían su verdadero rol. Pero aún asumiendo que pudiese controlarse lo anterior (¿?), siguen siendo válidas las preguntas: ¿A quién reporta tal director? ¿Quién y sobre qué base califica su desempeño? ¿A quién verdaderamente representa?¿Cuáles son sus verdaderas motivaciones y objetivos?
Raya para la suma, probablemente se socialice (camufle) la pérdida y al final la pague ese anónimo y vilipendeado sujeto llamado contribuyente. Sabemos que estos casos, lejos de ser ejercicios ficticios representan realidades. Tristemente reales, como hace poco, nuevamente fuimos testigos.
Entonces, los incentivos que operan sobre el “ estado empresario”, parecieran dirigirlo hacia la ineficiencia y la corrupción. Ello por la vía de, a lo menos dos mecanismos de transmisión. El primer mecanismo, ya sugerido en el ejemplo de las líneas anteriores, por la vía de exacerbar el problema de agencia. Esto es, que ante la ausencia de un dueño real, los medios de producción actúan según sus intereses particulares y no necesariamente buscando el verdadero interés social de la empresa por el que fueron supuestamente contratados. Ciertamente, no desconocemos que el problema de agencia también afecta a la actividad privada. Sin embargo, la diferencia crucial, es que en este último caso operan fuerzas naturales para mitigarlos, que no son deliberadamente neutralizadas por la naturaleza de la propiedad estatal como sugerimos a continuación.
Por su parte, el segundo mecanismo de transmisión de corrupción e ineficiencia nace de la imposibilidad de desafiar el control y la calidad del desempeño de la empresa pública. Ya no es posible, en contraposición a lo que sí ocurre en el ámbito privado, que un operador desafíe y desplace a otro relativamente menos eficiente, por ser este último, una empresa del estado. ¡Lindo monopolio!
Paradojalmente entonces, se “privatizan” flujos en beneficio de grupos de interés amparados por la protección que da la indisputada propiedad estatal. Ambos efectos se retroalimentan uno a otro deteriorando en definitiva el valor de los activos. ¿Adivine quién paga?
Persiste entonces nuestra inquietud. ¿Qué explica el nostálgico anhelo de reinstalar un “estado empresario”?
Presumimos, que para que ello tenga alguna consistencia, se debe suponer a priori un comportamiento casi angelical de parte de las personas que se desempeñan en las empresas públicas.
La propensión a la idealización del comportamiento humano, ya sea por honesta convicción o por conveniencia, puede que sea uno de los principales obstáculos para consensuar nuestra convivencia y desarrollo como sociedad. Ciertamente a sectores ideologizados extremistas, o aquellos cuyos objetivos sean la conquista del poder, les será difícil lograr puntos de encuentro. Pero trátandose de aquellos otros sectores bien intencionados, quizás, un buen punto de partida fuera partir por concordar que las debilidades humanas, los defectos y las tentaciones al abuso del poder no desaparecen porque una persona tenga la calidad de autoridad o de empleado público. Incluso, ya ha sido sugerido que los riesgos de comportamiento impropio aumentan, atendidas las circunstancias e incentivos institucionales a que se expone a las personas.
La pretensión de revitalizar el “estado empresario” sería una pócima de veneno puro para nuestra sociedad. Cabría además enfatizar que todos sus efectos adversos no se agotan ni cercanamente con lo aquí expuesto, los que por razones de espacio no ha sido posible desarrollar.
Sospecho, con pesar, pero cada vez con más intensidad, que es sólo un elemento más, dentro de un brebaje más peligroso. Especulo que su preparación se lleva a cabo en los alambiques de grupos ideológicos extremos, en apariencia influyentes, cuyo propósito es debilitar la institución del derecho de propiedad privada, que es un fundamento central de nuestra sociedad, ¿aún libre?

Pablo Ihnen de la Fuente, ingeniero y consejero de Libertad y Desarrollo.
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