jueves, 5 de mayo de 2016

Esconder dinero se ha vuelto un negocio más incómodo

 
Dos meses antes de la divulgación de los Panama Papers, el fiscal general de Suiza, otrora uno de los países más reservados del mundo, proclamó a los cuatro vientos que las empresas estatales de Malasia podrían ser víctimas de una malversación de fondos del orden de los US$4.000 millones.
Las palabras detonaron una bomba en un escándalo de larga data en torno de un fondo de inversión del gobierno malayo, conocido como 1MDB. También ilustraron lo mucho que ha cambiado en el turbio mundo de las cuentas bancarias y las compañías offshore. Tal vez lo más notable es que una declaración de esta naturaleza haya provenido del fiscal suizo, uno de cuyos antecesores señaló que “cuesta distinguir cuál maletín tiene dinero limpio y cuál dinero sucio”.



Aunque la información contenida en los Panama Papers es explosiva y sacudirá el mundo, un vistazo más de cerca sobre el cumplimiento global de las normas y el bufete de abogados detrás de los documentos filtrados muestra lo mucho que ha cambiado en una industria dedicada a esconder el dinero de las personas.
Los negocios de la firma panameña de abogados cuyos documentos fueron filtrados han estado decayendo durante décadas a medida que los reguladores globales, encabezados por Estados Unidos, emprendieron una ofensiva contra los paraísos fiscales y el lavado de dinero. La firma, Mossack Fonseca & Co., estableció 13.287 empresas offshore en 2005, pero apenas 4.341 en 2015, una caída de dos tercios. En los últimos tres años, sus clientes formaron 16.323 compañías, pero desactivaron 28.777.
El bufete de abogados ha enfatizado que no ha infringido ley alguna y que las informaciones aparecidas en la prensa sobre sus actividades “se basan en presunciones y estereotipos”. Los correos electrónicos y la información sobre el negocio de la firma no pudieron ser verificados de forma independiente.
Mossack Fonseca, al igual que muchas empresas en el mundo, tiene un rentable negocio de acciones al portador. Es una estructura un poco arcaica en la que las acciones de una compañía pertenecen a la persona que tenga los certificados de las acciones. Esto permite que las empresas sigan existiendo pese a no contar con un dueño inscrito. La firma de abogados tenía alrededor de 6.000 empresas con acciones al portador solamente en Panamá en 2005. La cifra actual es de 170.
“La gente está saliendo de este negocio”, afirma Bryan C. Skarlatos, un abogado tributario de Kostelanetz & Fink LLP.
Los Panama Papers, que tienen como punto de partida 1977, son en cierta forma un viaje al pasado del negocio de esconder activos offshore, ya sea por motivos de privacidad, evasión de impuestos u ocultar dineros mal habidos. Siguen habiendo numerosos lugares donde esconder fondos, pero los métodos tradicionales y con resultados comprobados se han vuelto más caros y riesgosos, lo que disminuye su atractivo.
La ofensiva contra los servicios offshore comenzó en EE.UU. con el esfuerzo para eliminar el financiamiento de actividades terroristas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. De ahí se extendió a la evasión de impuesto luego una serie de casos que involucraron a bancos suizos y la crisis financiera global. La mayor parte del resto del mundo se sumó a la ofensiva, algunos países a regañadientes, en parte porque no podían darse el lujo de quedar al margen del sistema financiero estadounidense, pero también porque vieron una oportunidad para aumentar su recaudación tributaria.
La Organización de para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que 96 países han acordado intercambiar información sobre transacciones financieras y utilizan estándares comunes. Panamá prometió ceñirse a las directrices, pero luego echó pie atrás, lo que lo hizo acreedor de las críticas en público de la OCDE en febrero.
EE.UU. no se ha sumado al plan de la OCDE, pero hace lo mismo bajo su propia legislación.
A pesar de la campaña global, el sistema sigue teniendo fallas. La mayor desventaja es que los países pueden optar por hacer la vista gorda sobre lo que ocurre dentro de sus fronteras. Pero incluso en ese caso, una vez que la información es compartida, a menudo se filtra.
Fue lo que pasó en Malasia. Las filtraciones de los investigadores malasios del escándalo de 1MDB indicaron que cerca de US$1.000 millones fueron transferidos a las cuentas del primer ministro Najib Razak y revelaron que la trayectoria de los fondos, que incluía el paso por bancos en Suiza, Luxemburgo y otros países.
Suiza y al menos otros seis países investigan 1MDB. Los suizos llevaban cinco meses de investigación cuando el fiscal general de Malasia exoneró al primer ministro diciendo que el dinero fue una donación legal de la familia real de Arabia Saudita.
La campaña interna para librar a Najib de toda culpa no llegó muy lejos. Días después, el fiscal general suizo dijo que quería compartir los hallazgos de sus investigadores con las autoridades malayas y soltó la bomba: US$4.000 millones podrían haber sido desviados en forma ilícita del fondo.
Es muy poco común que un alto funcionario de las fuerzas de seguridad apunte el dedo contra otro gobierno, pero el que lo haya hecho una autoridad suiza ilustra la transformación que ya lleva varias décadas de un país que pasó de ser un colaborador a regañadientes a un acusador. El anuncio de Suiza llevó a las autoridades de Luxemburgo y Abu Dhabi a lanzar sus propias investigaciones sobre el caso de 1MDB.
El fiscal general malasio y 1MDB han señalado que cooperan con los investigadores y Najib ha negado haber cometido irregularidades o haber aceptado fondos para ganancia personal.
Las personas que siguen de cerca el tema dicen que no cabe duda que han surgido nuevas maneras de ocultar el dinero de las autoridades. La estrategia principal es mantener los fondos lo más lejos posible del sistema bancario internacional. Algunos apuntan al ascenso de monedas digitales como bitcoin, mientras que otros que el combate contra los paraísos fiscal ha producido un auge de los bienes raíces de lujo.
“Los escondites son muy estrechos”, dice Monica Bhatia, jefa del Secretariado del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Efectos Fiscales de la OCDE. “Los contribuyentes pueden comprar diamantes y colocarlos bajo siete llaves, pero hay cada vez menos lugares donde esconderse”.
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