lunes, 2 de mayo de 2016

Inflación, empresarios y defensa de la competencia

María José Romano Boscarino considera que ni los controles de precios, ni los boicots a los supermercados, ni el ataque a las conductas anticompetitivas resolverán el problema de la inflación, pues este es causado por el banco central.

María José Romano Boscarino es Licenciada en Economía y tiene una maestría en Políticas Públicas. Es columnista de Punto de Equilibrio (Argentina). 
Hablar de inflación en Argentina se ha vuelto una constante. Sin embargo, ello no significa que se haya comprendido verdaderamente el origen de su existencia. Vivimos inmersos en un mar de ideas erradas promovidas por nuestros gobiernos, que economistas, periodistas, sindicalistas y un sinnúmero de actores influyentes han contribuido a perpetrar.



Durante el kirchnerismo, los funcionarios se empeñaron en instalar la creencia de que la responsabilidad de “las distorsiones de precios” era del sector privado. En palabras de Cristina Kirchner: “los precios son fijados por los empresarios y los grandes monopolios y no por el Estado y los gobiernos".
Fue así como la política se retrotrajo a la implementación de viejas recetas completamente fallidas, como los controles de precios, pero especialmente al accionar arbitrario y desmedido del gobierno por medio de aprietes, escraches, multas e intervenciones de diversa índole en el mercado, contra algunos grupos o empresas para “combatir” las subas de precios, mientras se elegía a piacere a quienes beneficiar.
El gran ejecutor de estas últimas medidas era el entonces Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien en teoría se acogía a la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. Sin embargo, la finalidad de esta norma y el modo de hacerla operativa, distan mucho de acercarse a lo que este ex funcionario, representando los deseos del Ejecutivo, llevó a cabo.
Para dejarlo en claro: la Ley de Defensa de la Competencia fue concebida para defender y promover la libre competencia en los mercados y las decisiones llevadas adelante contra las empresas que restrinjan esos fines, deben ser fruto de un análisis profesional, caso por caso, apegado a la legislación, con la debida fundamentación y de manera independiente de las presiones políticas o empresariales. Se trata de intervenciones puntuales, a través del control de fusiones y adquisiciones y la sanción de conductas anticompetitivas (en particular la formación de carteles), en mercados específicos.
El kirchnerismo reconvirtió esto a su antojo usándolo como una herramienta de presión política, ejercida de manera centralizada y arbitraria desde la Secretaría de Comercio y disfrazada como un arma para la “lucha” contra la inflación. Se le atribuía entonces a la Defensa de la Competencia un lugar que no le corresponde.
Y esto es así, porque el flagelo inflacionario no es ni más ni menos que un fenómeno monetario, en Argentina y en cualquier parte del planeta y más de 40 años de literatura económica y la experiencia internacional, respaldan esta afirmación. Es decir, su origen radica en la expansión de la oferta de dinero por sobre su demanda, llevando a que los precios suban de manera generalizada y sostenida. Y, dado que hoy en nuestro país esto tiene que ver con el financiamiento que se hizo del gasto público excesivo, el responsable es el propio gobierno y la solución implica mirar puertas adentro.
En la actualidad, este tema ha vuelto a cobrar relevancia con el gobierno de Mauricio Macri porque, a pesar de las grandes diferencias de gestión que hemos podido observar, se han mantenido prácticas erradas utilizadas por la administración anterior. Entre las más relevantes, se incluye el anuncio del relanzamiento de la Comisión de Defensa de la Competencia, como parte de la estrategia para paliar la inflación.
Para ser justos, a diferencia de la etapa kirchnerista, el presidente Macri admitió que “el principal responsable de la inflación es un gobierno que gasta mal y más de lo que puede”, en referencia al enorme déficit fiscal heredado de los Kirchner, y se han encarado acciones tendientes a disminuir el déficit fiscal y la emisión monetaria, aunque todavía son insuficientes.
No obstante, simultáneamente se sigue trasladando también culpa a los empresarios, a los llamados “formadores de precios”, a los “avivados”, a los “grupos concentrados que usan su poder monopólico para aumentar los precios buscando capturar mayores rentas”, pero en realidad, aun suponiendo que remarquen por las nubes, la inflación es el resultado del accionar de un único monopolista: el Banco Central de la República Argentina.
Por lo tanto, ni los boicots a los supermercados, ni los controles de precios, ni el arremeter contra conductas anticompetitivas, van a resolver este problema. Eliminarlo de raíz, requiere de una vez por todas dejar de buscar actores de reparto y enfocarnos en los auténticos protagonistas, dejar de contribuir a la confusión reinante en la sociedad que todavía repite la retórica kirchnerista y actuar como corresponde sobre algo que el mundo ya resolvió: las verdaderas causas de la inflación
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