martes, 3 de mayo de 2016

Reasignar las funciones del Estado

Por: María Jamardo.
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Imagen: http://www.entornointeligente.com/
En la clausura de la Conferencia Empresarial de 1992, el por entonces presidente de la CEOE, José María Cuevas, cerraba con su discurso – una ácida crítica al intervencionismo del Estado- unas jornadas en que los empresarios responsabilizaban de la crisis económica a sindicatos y Gobierno socialista. La posición de los empresarios fue clara, una defensa a ultranza de las virtudes del libre mercado que, estoicamente, escucharon el vicepresidente Narcís Serra y el ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga, presentes en un Palacio de Congresos (abarrotado).



No era difícil en aquel momento entender que la postura de quienes lideraban la actividad productiva en España formulara semejante alegato. Los datos objetivos en Europa, confirmaban el fracaso de los sistemas de economía centralizada y ratificaban el desastre del comunismo (materializado en el desmoronamiento de la URSS, que descubrió cómo las teorías marxistas no conducían a nada que mereciera la pena, claro está, después de haber sacrificado a varias generaciones de ciudadanos soviéticos). El mensaje se posicionaba en pro de una nueva política económica que debía apoyarse en la competitividad como piedra angular del cambio, en la que el papel del sector público debía quedar relegado a un segundo plano y donde la creación de riqueza y empleo debían ser objetivo primario de una nueva época en la que era necesario reasignar las funciones del Estado.
Revisando el contexto, su diagnóstico y las propuestas sólo se me ocurre entonces plantear una cuestión ¿en estos más de 20 años, no hemos aprendido nada? A pesar del tiempo y de la mayor experiencia, teoría y práctica siguen sin estar conectadas. Un sistema ha fracasado y, sin embargo, sus causas no han sido todavía superadas. A estas alturas puede parecernos obvio hablar de un modelo productivo eficiente, basado en la competitividad y en la libre competencia pero, hemos de añadir un ingrediente (sustancial) más: sobre todo, la independencia. Actividad empresarial e iniciativa privada han de ser necesariamente independientes del intervencionismo del Estado, lo que significa no sólo que emprendedores y empresarios puedan desarrollar su actividad sin barreras burocráticas- en un marco amplio y flexible que aporte seguridad jurídica suficiente- sino que sus problemas y opiniones conformen un juicio de valor relevante que ayude en el diagnóstico de los problemas de la sociedad.
No sólo los políticos pueden (ni deben) opinar de política. La política no es (ni debería ser) sinónimo de partido. Si entendiésemos esto, quizás avanzaríamos en la superación de los errores pasados- y presentes- que confunden lo público con lo político y son tan graves, como evidentes. La sociedad tiene necesariamente que reafirmar su identidad, implementando nuevos canales válidos para ello. Imprescindible, por tanto, un debate abierto y serio sobre el alcance y los cometidos de un Estado que ha difuminado el concepto de ciudadano y debe someterse a un recorte estructural apoyado en: la recuperación de la excelencia en el seno de la Administración y la introducción del factor productividad en el ejercicio de la función pública.
El crecimiento real y sólido de la economía sin injerencias- y como consecuencia directa, el progreso de la sociedad que lo legitima- queda supeditado a una reforma del Estado que reconduzca su cometido (con una presencia mínima) a hacer tan sólo aquello que los ciudadanos elijan libremente no hacer por sí mismos.
El intervencionismo institucional, históricamente consolidado y políticamente aplaudido, es un principio activo de la realidad española. La pregunta es si estamos dispuestos a cambiarlo, porque necesitar lo necesitamos pero, además, tendremos que impulsarlo.
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